Boletín NO a la Mina

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Resistencia Antiminera

Las autoridades deberán ir comprendiendo que la voluntad popular debe ser tomada en consideración, no solo porque es un principio de la democracia, sino porque las comunidades combinan estrategias y suman a la consulta, la presión social, la denuncia internacional y la demostración técnica de la inconveniencia de desarrollar la minería, sobre todo cuando existen alternativas productivas mas incluyentes o ecosistemas frágiles.
La forma Estado, es la medida, la estética y el instrumento táctico en el que lo institucional toma forma de poder. Este puede formar parte del cuerpo social que representa o no; como también no representar al que representa. Desgajado, separado, cercenado, y fundamentalmente deshabituado de los sujetos sociales que dicen representar.
En La Rioja, vecinos de la Región II Valles del Famatina se organizan para decir "no" a la minería contaminante a cielo abierto con uso de cianuro. Las razones son varias: este tipo de actividad no sólo degrada y destruye el medio ambiente sino que además implica la destrucción del sistema económico regional, que se basa en la agricultura y el turismo, y genera daños severos a nivel de salud. Asimismo, los riojanos denuncian la complicidad del gobernador Miguel Ángel Maza con Barrick Gold, la empresa transnacional que se instaló en la provincia con el fin de explotar los yacimientos de oro de la mina La Mejicana.
Más de uno debe preguntarse por qué existe cada vez más gente que se opone a la explotación de la minería a cielo abierto en nuestro país. ¿Será que los gobiernos y las grandes transnacionales mineras no trasmiten correctamente las “ventajas” y “oportunidades” del nuevo modelo? ¿Será que la gente no está en condiciones de comprender el impacto que en términos de trabajo, progreso y desarrollo tendría la industria metalífera a gran escala, sobre todo en aquellas provincias pobres y relegadas de nuestra geografía? Estos parecen ser los principales argumentos que repiten funcionarios, técnicos nacionales y provinciales y, por supuesto, las grandes compañías mineras, que hoy buscan legitimar el modelo.
El título de esta mesa amerita aclarar que entendemos por poder ya que en este mismo enunciado aparece la polisemia (los distintos sentidos) del término. Cuando enunciamos “la mujeres al o en el poder” hacemos referencia a la llegada de determinados actores o sector de la sociedad, a un lugar, a una posición; es la idea de “poder” como cosa, lugar, que permite hacer que otros cumplan una consigna o acción aún a costa de la voluntad de esos otros. Es la idea de llegar, arribar a una posición que habilita cierto mando - de allí que muchas veces hablamos de “mandatario”- se está allí para que otros obedezcan “mando para lograr que otros obedezcan y hagan mi voluntad”.
Editor principal del sitio web Mines & Communities, investigador y activista, Rooger Moody ha trabajado con comunidades afectadas por la minería en las últimas tres décadas. Entre otros, publico "Plunder!" (1991), "The Gulliver File. Mines, people and land: a global battle ground" (1992), "The risks we run. Mining, communities and political risk insurance" (2005) y "Rocks & Hard Places. The globalization of Mining" (2007). "Cuando uno mira el poder de la industria, consiste básicamente en que las empresas mineras pueden ir a los inversores con algunos papeles sueltos, algunas indicaciones vagas, y eso les basta para juntar un montón de dinero en el mercado. De algún modo, la lucha más difícil parece ser romper esta credibilidad que les permite conseguir dinero de bancos medianos e incluso grandes, sin mostrar nada concreto al final del día" asegura.
El objetivo de este trabajo es analizar las relaciones de cooperación y conflicto entre una compañia minera y las comunidades, los Nuevos Movimientos Sociales y los tres niveles de gobierno involucrados. La compañia Minera inició operaciones para una mina a cielo abierto de oro y plata con el apoyo de oficiales de los gobiernos locales, estatales y federal. Los habitantes de estas comunidades apoyados por grupos ambientalistas y Organizaciones No Gubernamentales argumentan que el proyecto contamina las Fuentes de agua fresca además de perturbar el medio ambiente y la ecología de la región.
Desde el primer caso de resistencia en Esquel contra la instalación de la Meridian Gold, los emprendimientos son cada vez más rechazados por poblaciones del interior. Sin embargo, favorecidos por la legislación vigente que se dictó en tiempos de Carlos Menem, en la actualidad existen 141 proyectos de minería metalífera a cielo abierto que abarcan 12 provincias. Los intereses económicos y el papel de los gobernadores.
Este trabajo fue realizado con la finalidad de reflexionar acerca de las relaciones entre los denominados “nuevos movimientos sociales” y las democracias de nuestra región. Para tal fin presento algunos resultados de un trabajo de investigación que dirijo en la Universidad de Buenos Aires sobre la problemática de las acciones colectivas –o, como las denominamos nosotros, disputas - por la apropiación y/o mantenimientos de los recursos naturales. Estas protestas sociales ya venían produciéndose desde la década de 1990 en el interior del país (véase Giarracca et al., 2001) aunque desde principios de este nuevo siglo, se han convertido en las claves para la comprensión de las luchas sociales contra el modelo capitalista neoliberal en la Argentina y en toda América Latina. A mi entender estos actores son primordiales en la construcción de las democracias de la región.
En los últimos años surgieron nuevas formas de participación ciudadana, que se definen por la defensa del territorio y de los bienes naturales. Dichos reclamos están vinculados al actual proceso de expansión de la frontera agrícola, minera, energética y sobre territorios que incluyen reservas de recursos naturales, impulsada por el marco regulatorio impuesto en los años 90 (y continuado en la actualidad), favorable a la instalación de grandes empresas trasnacionales (con regalías bajísimas, grandes exenciones impositivas y otros privilegios), cuyo impacto en términos ambientales, sanitarios, productivos y económicos, se revela sumamente desastroso para la vida de la comunidad.
“Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes sin comprometer las de las generaciones futuras; y tienen el deber de preservarlo."
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